martes, 19 de marzo de 2013

Capítulo correspondiente a la salud sexual y reproductiva según las Naciones Unidas


Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Señora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señores y Señoras Representantes de Alto Nivel que participan en esta XXII Sesión del Consejo, Honorables Embajadores, Embajadoras, Representantes Permanentes,

En el marco de la XXII sesión del Consejo de los Derechos Humanos, hemos llevado a cabo un pormenorizado estudio del capítulo correspondiente a la salud sexual y reproductiva (arts. 48-53) desarrollado en el Annual report of the United Nations High Commissioner  for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General
Dicho análisis, cuyo resumen ejecutivo acompañamos con la presente, nos lleva a solicitar  queel mencionado informe sea rechazado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
La triple dimensión educativa, sanitaria y de responsabilidad de los padres proporcionan las herramientas que deben presidir la búsqueda del consenso en el desarrollo de políticas sobre “educación sexual”. El informe presentado por la Sra. Navi Pillay promueve una visión con un marcado sesgo ideológico no consensuado e incompatible con la vocación universal de las Naciones Unidas que supone una intromisión en los derechos de los padres y una mayor exposición a riesgos sanitarios.
La educación sexual de los niños y adolescentes corresponde a los padres, siendo un derecho fundamental ampliamente reconocido en la legislación internacional muy al contrario de lo que ha manifestado la Sra. Navy Pillay al declarar que el consentimiento paterno es un obstáculo para los derechos de los jóvenes. Nos vemos obligados a recordar aquí que:
·           El artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».
·           El artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales afirma que «a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
·           El artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
·           El artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE afirma que «se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas».
Por tanto, y acerca del citado informe de la Alta comisionada manifestamos que:

I.       Esos supuestos derechos de salud sexual y reproductiva colisionan con otros derechos fundamentales previos, pues obviar el consentimiento de los padres  atenta contra el derecho fundamental de estos a educar a sus hijos según sus convicciones.
II.    Las intervenciones educativas en el ámbito sexual con fines informativosacaban resultando formativas y actúan sobre los comportamientos sexuales de los menores empujándoles a las relaciones sexuales precoces y sin compromiso.
                                              III. Lejos de obtener los objetivos marcados, esa educación sexual no ha conseguido el descenso de las ETS, la reducción de embarazos no deseados y la disminución de las cifras de abortos.
Y al entender que el referido Informe promociona e impone una visión uniforme, parcial y no consensuada de cómo debe entenderse y vivirse la sexualidad, que supone una intromisión en los derechos de los padres y que propugna, indirectamente, una mayor exposición de los adolescentes y jóvenes a riesgos sanitarios,  sostenemos nuestra  petición de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechace el referido Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
En la confianza de que estas consideraciones sean atendidas, reciban un cordial saludo,

Leonor Tamayo
Head of International Area
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
@profesionales

Educación para la Ciudadanía: las razones ocultas de la polémica


Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo

EpC pretende trascender el ámbito curricular para erigirse en una moral de Estado.

Muchos padres siguen presentando objeciones de conciencia y se mantienen los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional.

Educación para la Ciudadanía (EpC) es hoy, como hace seis años en el momento de su implantación, motivo de confrontación política y social. Que una mera asignatura provoque un desacuerdo político tal que determinadas Administraciones se declaren insumisas a los decretos gubernamentales nos ponen ya sobre la pista de que, más allá de ser una asignatura, Educación para la Ciudadanía ha sido y es un instrumento ideológico de primer orden. Y es que, desde su concepción, esta asignatura pretende trascender el ámbito curricular para erigirse en una moral de Estado. Un código de conducta universal que los alumnos deben asumir y practicar.
Es por ello que su implantación, modificación o supresión toca de lleno el debate sobre el papel educador del Estado y los ámbitos de libertad que son propios de la familia y de la sociedad civil en su conjunto. Un debate que, por su trascendencia y sus consecuencias sociológicas y políticas a corto y medio plazo no deja indiferentes a las fuerzas políticas y sociales.
Nos encontramos, actualmente, en una situación en la que las asignaturas que integran este área siguen vigentes, si bien han sufrido algunas modificaciones curriculares. Modificaciones que resultan insuficientes porque, más allá de lógicos recortes en cuanto a sus contenidos, heredan el enfoque moralizador de su formulación original.
La novedad de estas modificaciones y su discusión frontal por parte de los sectores que propiciaron su implantación hacen, de hecho, difícil que estas medidas correctoras puedan tener un impacto significativo. No es menos grave el hecho de que sigan utilizándose, de manera generalizada, los mismos manuales que han sido considerados adoctrinadores por instancias judiciales, políticas y sociales.
Como consecuencia de estos factores, el conflicto de Educación para la Ciudadanía no se ha cerrado y muchos padres siguen presentando escritos de objeción de conciencia por toda la geografía española. Tampoco se ha arbitrado ninguna compensación académica para los alumnos objetores que tienen suspensas estas asignaturas ni se les ha eximido de cursarlas estos próximos años. Así las cosas, los recursos presentados por los padres objetores ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo siguen su curso.
La reciente presentación por parte del Ministerio de Educación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) constituye una nueva oportunidad para resolver el conflicto si, finalmente, el área de Educación para la Ciudadanía queda circunscrita realmente a la transmisión de conocimientos sobre instituciones y legislación democráticas sin invadir el libre ámbito de la moralidad, cuya formación corresponde primera y principalmente a los padres de los alumnos, como reconocen la Constitución y la legislación europea.
Hay que tener en cuenta que la tramitación de una Ley Orgánica requiere de unos plazos de tiempo dilatados, especialmente si ya desde su anteproyecto resulta conflictiva y se pretende, además, que resulte fruto de un consenso político que, a priori, se antoja poco menos que imposible. Hasta su publicación, en el mejor de los casos, el sistema educativo español contará con una serie de asignaturas que son cauce inmejorable para el adoctrinamiento ideológico de los alumnos.
Está en manos de las instancias políticas y de la sociedad cerrar definitivamente el deteriorado ámbito educativo a las injerencias partidistas relegando la educación moral a su ámbito natural: la familia y su entorno social. De otra manera se perpetuará la utilización política de la educación y el intervencionismo estatal en los ámbitos que son propios de una sociedad civil que merezca tal nombre.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo es padre objetor a Educación para la Ciudadanía

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo Español, se reúne en Altair con los doce directores y directoras de los centros de educación diferenciada de Andalucía


En la reunión se ha abordado la preocupación de todas las familias de estos centros ante el anuncio de la Consejería de Educación de retirar el conicerto de cara al próximo curso


Soledad Becerril, Defensora del Pueblo Español, ha asistido en la mañana de hoy al Centro Educativo Altair para mantener una reunión con los directores y directoras de los doce centros de educación diferenciada de Andalucía: Albaydar, Altair, Ángela Guerrero, Campomar, Elcható, El Soto, Molino Azul, Nuestra Señora de Lourdes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima.En la reunión, se le ha trasladado a Soledad Becerril la preocupación que tienen todos los padres de estos centros ante el anuncio, por parte de la Consejería de Educación, de retirar el concierto educativo de cara al próximo curso, además de la firme intención de los centros a la hora de defender el derecho que tienen sus alumnos a culminar las enseñanzas en los centros que están matriculados, derecho que tiene establecido la propia Junta de Andalucía en el Decreto de Escolarización.
Más información
Gemma García
Portavoz de la plataforma “Mis Padres Deciden”
Tfno. 639 086 095
UNETE. TE ESPERAMOS:
www.mispadresdeciden.es

http://www.objetores.org/2013/02/soledad-becerril-defensora-del-pueblo-espanol-se-reune-en-altair-con-los-doce-directores-y-directoras-de-los-centros-deeducacion-diferenciada-de-andalucia/

El Tribunal Supremo avala la constitucionalidad de concertar con centros de educación diferenciada


EL MODELO PEDAGÓGICO ES CONSTITUCIONAL Y LOS CRITERIOS PARA LOS CONCIERTOS CAMBIAN CON LA LOMCE

Los centros concertados que imparten educación diferenciada en Córdoba vuelven a esperar que la Junta renueve los conciertos para los próximos cuatro años. A los principales argumentos que siempre han utilizado para defender su petición –el cumplimiento de los criterios exigidos por la ley, la libertad de los padres de elegir el centro o la demanda elevada de alumnos– se unen ahora la interpretación que realizan de la última sentencia del Tribunal Supremo.

(ABC Córdoba) Los centros concertados que imparten educación diferenciada en Córdoba son Zalima en la capital, Torrealba en Almodóvar y Yucatal en Posadas.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 14 de enero de 2013, estima el recurso de casación interpuesto por la Junta contra la sentencia dictada por el TSJA queanulaba la orden de 7 de agosto de 2009 sobre el cambio de criterios en la concesión de conciertos, en la que obligaba a los colegios de educación diferenciada a convertirse en mixtos para seguir beneficiándose de las subvenciones.
Ese fallo se añade a los dos anteriores del TS, que han sido usados por los servicios jurídicos de la Junta para intentar retirar las subvenciones a los centros diferenciados. La propia delegada de Educación, Manuela Gómez, manifestó el día 9 que la Junta no renovaría los conciertos de estos tres centros «acatando la decisión del TS que dice que la educación segregada es anticonstitucional».
El director del centro Torrealba, Juan Miguel Varo, dijo ayer que la nueva sentencia introduce dos matices que no incluían las anteriores referidas a este asunto. Así, «el propio TS aclara que nuestro modelo pedagógico es constitucional y legítimo y es el legislador quien decide, según sus criterios, la concertación o no del mismo».

Presupuestos y LOMCE

Añadió que ahora el legislador ha cambiado y también sus criterios y la consecuencia inmediata es la Ley de Presupuestos del Estado y el anteproyecto de la LOMCE. Por ello, continuó «a partir del 1 de enero de 2013 han entrado en vigor dichos presupuestos y además de ser de obligado cumplimiento en todo el país muestran la voluntad del legislador de concertar también este modelo educativo».
Por su parte, la directora de Zalima, Ángeles Molina señaló que con esta nueva sentencia «queda claro que el modelo pedagógico de enseñanza diferenciada es constitucional y entendemos que conforme a la nueva Ley de Presupuestos del Estado, debe financiarse con fondos públicos tal como solicitan las familias». «Estamos satisfechos de que sea el propio Tribunal el que reitere la legalidad del modelo pedagógico y, puesto que a partir de enero de 2013, estamos ante un escenario normativo diferente, estimamos que la renovación de conciertos no debe tener obstáculos», apostilló.
http://www.objetores.org/2013/01/el-tribunal-supremo-avala-la-constitucionalidad-de-concertar-con-centros-de-educacion-diferenciada/

viernes, 15 de marzo de 2013

Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda a la Constitución )

 
ESTUDIO JURIDICO RODRIGUEZ & HERMOSILLA, S.L 
Ma. Teresa Gutiérrez Hermosilla
 Abogada Cl. Alcalá, 74  3º-Izda Madrid-28009 Tfno: 91.331.16.02  Fax: 91.331.23.51 e-mail:http://es.mc1330.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mteresag%40alcala74.com   
   
Se va a proceder en los próximos meses a la recogida de firmas para presentar la siguiente Iniciativa Legislativa. Aunque el contenido ya es conocido por todos, es importante pasar el recordatorio y que todos estemos preparados y dispuestos para cuando se inicie.
Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda a la Constitución 
EL PODER DE LA CIUDADANÍA.
LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


Para poder presentar en el parlamento una iniciativa legislativa es
necesario presentar 
500.000 firmas ¡TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIARLO!

Vamos a preparar el terreno para la recogida de firmas, creemos CONCIENCIA CIUDADANA

En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. 
Ley de Reforma del Congreso de 2012
(enmienda de la Constitución de España)
 
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado
  2
. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 
3
. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles. 
4
. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario
5
. El diputado dejará su seguro actual de salud y estará sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles 
6
. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles 
7
. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Públicosi la hubiere, si no, al paro. 
8
Reducir al menos un 30% el número de componentes políticos de las instituciones.
(concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc).
9
Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales.
10
. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.


* * * 
Si cada UNO DE VOSOTROS pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas,
en tres días la mayoría de los españoles LO HABRÁN RECIBIDO. 

El momento para la enmienda a la Constitución es 
AHORA.

ASÍ SE PUEDEN ENMENDAR LAS INJUSTICIAS, ABUSOS Y DESARREGLOS DE PARLAMENTARIOS Y SENADORES. 

Si estás de acuerdo con lo expuesto, 
por favor reenvía este correo, mantén este mensaje CIRCULANDO

viernes, 8 de marzo de 2013

Ideology of Committed Citizens Net


Ideology of Committed Citizens Net


1) We intend to revitalize and strengthen our civil society enlightening a democratic regeneration. Restructuring Spain's economy, territorial organization and policy is in our main orbit. We want to open a free debate and prompt the people to exercise their rightful sovereignty. To this end, all our Network activities will always be conducted within and never outside the law by peaceful and fair means rejecting all kinds of violence. Nevertheless, we do accept the passivity and resignation which is taking Spain to the gutters. It's time to take civil action for the benefit of Spain and her citizens.

2) It is urgent to streamline and modernize the state to truly be at the service of the citizens. State duties and services must be carried out with efficiency at the lowest possible cost. As it is not sustainable to continue operating with 17 greedy Autonomies, we want a unitary state which will guarantee equality for all the Spanish people - both in opportunities as well as in rights as in obligations. Differences among local communities will be respected as far as they match and be compatible with our condition and our vocation as a State member of the European Union. The three branches of government-legislative, executive and judicial, must be rigorously separated, it is undemocratic and depraved that one of them might invade and subdue any the other two. Public servants of the State will be fairly selected all through the country by the same fair transparent state examinations and civil servants will, by law, be able to perform his duty anywhere in Spain without any limitations.

3) We cannot afford doubled or tripled entities or institutions - neither the useless ones such as the the current Senate will be supported by the State. Each function or competence will correspond to a single administration or institution.

4) Spain must renew in depth and abhor the current party-politics 
Particracy
class regime which is stifling the progress and development of the nation. Political parties should not block the essential changes demanded by the most honest, lucid and dynamic part of our civil society. The current electoral law prevents citizens to elect directly our representatives and authorities. We believe that nominal voting in single-member districts will return the power and righteous sovereignty to the people. The people must be represented in Congress by congressmen elected from the beginning by voters, not parties. We want to end the system of closed and blocked electoral lists, which only favors a partitocracy institutionally corrupt. The immunity enjoyed by congressmen should be effective only to Parliamentary duties, tasks and acts. Liability for offenses committed by politicians will be dealt in ordinary courts.

5) Trade unions, employers, political parties, foundations, organizations are to be financed by its own members or activists. Spanish public money must be used with efficiency and a sense of solidarity, but it can not be wasted on private institutions or arbitrary subsidies. Instead, a strengthened credit will be orientated specifically to create new jobs and improve productivity.

6) Politicians should not be considered as performing a profession but a temporary activity after proving themselves successful in civil activities. Politicians will receive their payroll while in office and receive payments corresponding to their Social Service contributions, as anyone else. No politician will be entitled to any extra state benefits once their duties have been completed, except in those situations where personal and family economy safety might be at risk.

España- SPAIN